Los derechos humanos son derechos subjetivos que tiene toda persona en función de su situación de gobernado, y en contraparte, el Estado es el sujeto obligado de cumplirlos. Se entiende por derecho subjetivo tanto la expectativa positiva (recibir una prestación) como negativa (no recibir daños) que una persona tiene ante el poder público. En este sentido, la mayoría de los derechos humanos tienen ambas facetas; por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión se ejerce a través de una expectativa negativa, donde el Estado no debe realizar acciones de censura previa, pero también consiste en una expectativa positiva, donde el Estado debe realizar acciones que generen los suficientes canales de comunicación, donde se dé la pluralidad, para que cada persona pueda expresarse.
No obstante, el Estado es una realidad compleja, dividida en diversos poderes, formada por distintos niveles y conformada por una gran cantidad de instituciones. De ahí que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establezca, en su artículo primero, que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Estas obligaciones se conocen como las obligaciones generales o previolatorias, y tienen como finalidad que las personas, en su vida cotidiana, puedan ejercer y gozar efectivamente de sus derechos humanos.
Las obligaciones generales del Estado para cumplir con los derechos humanos, se traducen en la expedición de leyes, el diseño y ejecución de políticas públicas, y la creación y operación de instituciones, que buscan generar una realidad social que permita a cada persona y comunidad gozar y ejercer sus derechos humanos. En efecto, la CPEUM establece, entre los principios de aplicación de los derechos, el de indivisibilidad, que significa que deben comprenderse como una totalidad que da sentido y configura la organización de una sociedad.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como institución pública y parte integrante del Estado mexicano, es una autoridad obligada a cumplir, en el ámbito de sus competencias, los derechos humanos. Estos derechos, donde la universidad es la autoridad obligada, se les nombra derechos universitarios y son, en general, concreciones de derechos humanos en el espacio universitario.
En efecto, en relación con estos derechos, la universidad asume, por mandato constitucional, las ya mencionadas obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar; pero, además, en caso de que se presenten situaciones de violación, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar el derecho afectado.
Por otra parte, existen algunos derechos humanos que, si bien la universidad no es la autoridad obligada a cumplirlos, su contenido impacta directamente a las personas universitarias y a su desarrollo integral dentro del espacio universitario. En este sentido, fue importante en el diagnóstico realizado, obtener información sobre la percepción y el sentir de las personas universitarias sobre el ejercicio y disfrute de ciertos derechos.
Se elaboraron cuestiones en relación con derechos humanos que, si bien no son obligación de la universidad, están estrechamente ligados con los derechos universitarios, bajo el mencionado principio de indivisibilidad. En efecto, para la universidad es importante estos datos, pues debe considerar cómo puede influir para que, las autoridades competentes, mejoren sus acciones en torno a su goce y ejercicio.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del diagnóstico, en función de los siguientes derechos: Derecho a la seguridad y una vida libre de violencia; derecho a la movilidad urbana; derecho al mínimo vital.
DERECHO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
El derecho a la seguridad ciudadana implica la obligación del Estado de establecer las garantías necesarias para prevenir, investigar y sancionar el delito o aquellas situaciones que pueden significar un peligro para la integridad y vida de las personas. Implica detectar las situaciones de vulnerabilidad en que las personas pueden ubicarse, para identificar y combatir las diversas amenazas y peligros.
En interdependencia con el derecho a la seguridad ciudadana, se encuentra el derecho a una vida libre de violencia. Ante una realidad que se caracteriza por contar con estructuras que de manera sistemática genera violencia en contra de ciertos grupos sociales, se ha conceptualizado este derecho, para referirse, de manera específica, a las obligaciones del Estado para combatir estas situaciones. En efecto, este derecho se construye con una referencia precisa a las mujeres, la infancia, la adolescencia, entre otros grupos sociales.
Tanto el derecho a la seguridad ciudadana, como a una vida libre de violencia, tienen como expresión, entre otras, el nivel de confianza que una persona tiene hacia las otras personas de su comunidad. La inseguridad y la violencia son realidades complejas y, por lo tanto, se generan por diversas clases de acciones. Por lo que, un ambiente de inseguridad y violencia, genera desconfianza hacia las otras personas de la comunidad, pues la persona se siente en una constante amenaza y una necesidad de estar en constante alerta.
En cuanto al diagnóstico universitario, se realizaron preguntas en relación con el factor de la confianza las personas del municipio. A la pregunta “¿Puedes confiar en la mayoría de las personas del municipio?”, los resultados fueron:
Por otro lado, en relación con la obligación del Estado de procurar estos derechos, se preguntó “¿Sientes confianza de la policía de tu municipio?”. Los resultados fueron:
De los anteriores porcentajes, se puede concluir lo siguiente, en relación con los derechos a la seguridad ciudadana y a una vida libre de violencia:
DERECHO A LA MOVILIDAD URBANA
La movilidad urbana significa el desplazamiento de personas y bienes, y ella permite la realización de diversas actividades, la integración de espacios y a que las personas accedan a bienes y servicios que les permitan desarrollar una vida digna. Es obligación del Estado realizar políticas públicas de planeación urbana que generen infraestructuras y servicios que permitan que la movilidad se lleve a cabo con seguridad, calidad, adaptación y accesibilidad.
En cuanto al diagnóstico universitario, se realizaron dos preguntas relacionadas con el derecho a la movilidad urbana, ya que significa la posibilidad de que las personas puedan asistir a las instalaciones universitarias. La primera consistía en si vivían en el mismo municipio que su entidad de adscripción. En cuanto a las personas con cargo académico o administrativo, el 100% señaló que vive en el mismo municipio que su dependencia de adscripción. Al contrario, en cuanto a las personas estudiantes, el 30% respondió que vive en un municipio distinto. La distribución por campus, es la siguiente:
Considerar la infraestructura y servicios de transporte entre municipios, es fundamental para el goce efectivo del derecho a la movilidad urbana para una cantidad considerable de estudiantes.
La segunda pregunta consistía en indagar el medio usual en el que la persona se traslada a la universidad. Los resultados fueron los siguientes:
El fortalecimiento del sistema público de transporte es fundamental para la población universitaria, principalmente para las personas estudiantes y, en segundo lugar, para el personal administrativo. Los datos muestran que la opción del transporte público tiene relación con el poder adquisitivo, y no tanto por elección. El Estado debe generar políticas públicas más contundentes en relación con el perfeccionamiento del transporte público, para que las personas lo elijan por razones de comodidad, seguridad y ahorro, y así establecer las condiciones para que se deje de utilizar siempre el automóvil. Las ciudades que crecen en función del automóvil han demostrado su inviabilidad en muchos sentidos.
DERECHO AL MÍNIMO VITAL
El ejercicio del derecho al mínimo vital es que las personas y las comunidades deben poder acceder a los bienes básico para hacer frente a sus necesidades de vida. Se trata de un derecho que da sentido a otros derechos humanos, como el derecho al trabajo o al de la alimentación.
En cuanto al diagnóstico universitario, se realizaron tres preguntas en relación con el derecho al mínimo vital. La primera se refiere a la percepción que tiene el universitario respecto al disfrute del derecho al mínimo vital; se plantearon cinco cuestiones que tenían como posibles respuestas la escala “mucho”, “nada”, “poco” y “regular”. Son las siguientes cuestiones:
Los resultados fueron los siguientes:
La segunda cuestión versó sobre a cuál clase social consideran que pertenecen. Los resultados fueron:
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